Se debe reconocer presunción de la buena fe de la víctima

CIMACFoto: César Martínez LópezPor: la RedacciónCimacnoticias | Ciudad de México.- 05/04/2019

Académicas, defensoras de Derechos Humanos y expertas en violencia de género, exigieron una respuesta adecuada a las autoridades gubernamentales y empresas privadas frente las denuncias de acoso y hostigamiento sexual vertidas en las redes sociales por el movimiento #MeToo.

Frente a la polarización de opiniones respecto al movimiento #MeToo en México donde las mujeres en la red social Twitter han denunciado vivencias de acoso, hostigamiento sexual y otras violencias por razón de género, decenas de mujeres emitieron un posicionamiento para exigir a las autoridades respuestas a las violencias denunciadas.

Quienes han denunciado por medio de la etiqueta #MeToo, sobre todo aquellas que lo hacen de manera confidencial, han recibido respuestas agresivas que de acuerdo con las firmantes del posicionamiento, no es más que la muestra de cómo la violencia “está profundamente normalizada de manera que se siguen reproduciendo formas históricas que promueven la impunidad y perpetuación de la violencia contra las mujeres”.

Después de una semana de denuncias y ante un clima cada vez más hostil, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) que es el órgano de gobierno rector de la política de género, finalmente se pronunció respecto al movimiento #MeToo, aunque dijeron condenar los hechos, exhortaron a las víctimas a respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, invitándolas a “denunciar ante las autoridades competentes, para que estos hechos sean investigados, sancionados, se repare el daño causado y no se vuelva repetir”.

Reacciones similares brindaron otras funcionarias o usuarios de Twitter quienes alegaron que la denuncia en redes sociales no era la vía adecuada para tratar estos casos.

Al respecto, académicas, integrantes de organizaciones civiles y expertas en temáticas de género, se manifestaron a favor de que las víctimas brinden su testimonio de manera confidencial, indicaron que el rompimiento del silencio de las mujeres es producto de la violencia y la omisión de las autoridades, quienes “han fallado en garantizar el acceso de las víctimas a la justicia”.

En el documento recordaron que el derecho a la presunción de la buena fe de la víctima es al igual que la presunción de inocencia del acusado, un derecho fundamental que están establecidos en la Ley General de Víctimas. “Ambas presunciones cobran sentido y relevancia dado que es la autoridad la que está obligada a investigar”, señalaron.

Las firmantes del posicionamiento indicaron que el Estado “está cometiendo una grave omisión” al no investigar los hechos denunciados en las redes sociales por el #MeToo, señalaron que tienen la obligación de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y por lo menos, iniciar de oficio investigaciones por delitos como la violación.

Asimismo dijeron que más allá de las funciones que le corresponden realizar al Ministerio Público, hay un amplio número de denuncias que deberían ser investigadas por los mecanismos internos de instituciones e industrias donde ocurrieron los hechos o de donde forman parte los señalados, “por el propio interés de garantizar espacios laborales, escolares y sociales dignos y libres de toda discriminación y violencia.”

Quienes se sumaron a este pronunciamiento público consideraron que el silencio de las autoridades ante las denuncias del #MeToo está propiciando la confrontación social, por lo que urgieron dar respuestas integrales y oportunas.

Las cuentas en Twitter en las que se ha denunciado acoso, hostigamiento sexual y violencia laboral, por parte de escritores, periodistas y académicos siguen activas, incluso surgió esta semana la colectiva #MujeresJuntasMarabunta, quienes buscan visibilizar la violencia que enfrentan en espacios como editoriales, revistas, ferias del libro, encuentros de escritores, escuelas, universidades, e instituciones culturales.

La colectiva también defendió mediante un pronunciamiento que el #MeToo no es mecanismo de denuncia que pretenda el escarnio público, sino una herramienta política que señala y pone al descubierto violencias que han permanecido el dominio de lo privado.

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