CONGRESO DE SONORA

Cierra la LXII Legislatura su segundo periodo ordinario de sesiones


Hermosillo, Son., abril 30 de 2019.- Al cerrar esta noche el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, la LXII Legislatura aprobó diez decretos relativos a la comercialización del Bacanora, legítima defensa, tipificación como delito del maltrato infantil, protección civil, inclusión de grupos vulnerables, creación del Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores, responsabilidades administrativas, definición de cerveza artesanal en la Ley respectiva y desarrollo municipal.

Asimismo se aprobaron dos acuerdos: que actualiza la figura de caducidad legislativa en diversos folios de anteriores legislaturas turnados a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y la designación de tres nuevos integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana, CPC, del Sistema Estatal Anticorrupción, SEA.

Conforme al orden del día aprobado por el Pleno, correspondió al diputado Jorge Villaescusa Aguayo dar lectura al proyecto de Decreto que adiciona un Artículo 39 BIS a la Ley que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora.

De acuerdo a uno de los considerandos del Decreto, se trata de apoyar e incentivar a quienes ocupan un lugar importante en la cadena productiva y de comercialización del Bacanora, es decir, a las personas que se encargan de su venta directa a través de lo que la Ley define como tienda de autoservicio de productos típicos regionales.

ARTÍCULO 39 BIS.- En tratándose del giro denominado “tienda de autoservicio de productos típicos regionales” a que hace referencia el Artículo 10, fracción VI BIS, no será requerida la expedición de anuencia municipal que dispone el Artículo 36; sin embargo, deberá contar con los requisitos establecidos en el Artículo 37 de este mismo ordenamiento.

Enseguida se aprobó el proyecto de Decreto que reforma el Artículo 13, Apartado B, fracción II, párrafo segundo del Código Penal para el Estado de Sonora, que de acuerdo a la exposición que presentó el diputado Gildardo Real Ramírez, es necesario y urgente que la sociedad sonorense se beneficie de un cambio con el fin de que goce de la protección de la Ley a la hora de actuar en su legítima defensa o la de su familia.

Existe presunción legal de defensa legítima, salvo prueba en contrario, por el hecho de causar daño, lesiones o incluso se prive de la vida a quien por cualquier medio se introduzca a los límites de un inmueble, sin derecho o sin consentimiento de quien legítimamente sea propietario, posesionario u ocupante, al de su familia o al de cualquier persona que tenga la obligación de defender, así como al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión.

Otro Decreto relativo al Código Penal es el que adiciona los artículos 234-D al 234-H, para establecer la conducta que debe encuadrar en el tipo penal del maltrato infantil y sus características, además de que será perseguido de oficio y la sanción consistirá en uno a doce años de prisión y de mil a tres mil Unidades de Medida y Actualización, dio a conocer la impulsora de esta iniciativa, diputada María Dolores Del Río Sánchez.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 234 A y se adicionan un Capítulo V al Título Décimo Tercero y los artículos 234 D, 234 E, 234 F, 234 G y 234 H, todos al Código Penal del Estado de Sonora, para quedar como sigue: ARTÍCULO 234 A.- … Comete el delito de violencia familiar el cónyuge, ex cónyuge, concubina o concubino, ex concubina o ex concubino o quién tenga o haya tenido una relación de hecho; pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado; pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, tutor o curador que realice cualquiera de los actos descritos en el párrafo anterior. Tratándose de menores de edad, la sanción será la prevista en el artículo 234 D de este Código Penal.

Además se adiciona el Capítulo V sobre Maltrato Infantil al Código Penal para el Estado de Sonora: Comete el delito de maltrato infantil quien lleve a cabo omisiones o conductas de agresión física, psicológica, emocional, sexual o de cualquier tipo de sufrimiento o maltrato, en contra del menor de edad que esté sujeto a su patria potestad, custodia, vigilancia, educación, enseñanza o cuidado, establece el Artículo 234-D.

El diputado Héctor Raúl Castelo Montaño presentó al Pleno el dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, a efecto de fortalecer las disposiciones que ya se contienen en dicha legislación, con el fin de que existan mejores condiciones para que los ayuntamientos puedan garantizar a la ciudadanía en general, tener a salvo su derecho de estar protegidos ante cualquier contingencia.

En caso de que la emergencia o desastre supere la capacidad de respuesta del Municipio, éste acudirá  a la instancia estatal. Si ésta resulta insuficiente, se procederá a informar a las instancias federales correspondientes, las que actuarán de acuerdo con los programas establecidos al efecto, en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones jurídicas aplicables, establece una de las adiciones del Decreto.

En el orden del día aprobado siguió la presentación del dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la inclusión y desarrollo de personas con discapacidad del Estado de Sonora y de la Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de Sonora, al que dio lectura la diputada María Magdalena Uribe Peña, quien originalmente presentó la iniciativa para modificar la Ley de integración social para personas con discapacidad, la cual fue abrogada al entrar en vigor, el pasado 15 de enero, la nueva legislación.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad se dio a la tarea de ubicar un artículo de esta nueva norma jurídica que pudiera encuadrar la modificación planteada por la diputada promovente, de manera que se adiciona una fracción IX al Artículo 46 de la nueva Ley en la materia, con el objeto de que las personas con discapacidad puedan tener la seguridad de que podrán acceder a todos los lugares públicos de esparcimiento sin ninguna dificultad.

IX.- Promoverán ante las instancias públicas y privadas correspondientes la adecuación y mejoramiento de lugares de esparcimiento y recreo existentes, para el libre acceso, procurando que el área recreativa como parques o plazas, cuenten al menos con un lugar inclusivo que permita a las personas con discapacidad utilizarlos para garantizarles su seguridad, uso y disfrute. Asimismo, fomentarán la organización de encuentros municipales, regionales y estatales involucrando a los padres de familia y comunidad en general.

Enseguida se aprobó el Decreto que crea el Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores, como un organismo público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con carácter normativo y técnico, para el fomento y desarrollo integral de los adultos mayores del Estado de Sonora, mediante mecanismos que tiendan a lograr su bienestar y fortalecimiento, tal como se establece en el primero de sus artículos. Le dio lectura la diputada Alejandra López Noriega, autora de la iniciativa.

ARTÍCULO 2.- El Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores tendrá por objetivos específicos los siguientes:

I.- Definir e instrumentar la Política Estatal de adultos mayores, entre las que se encuentran coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar, evaluar las acciones, estrategias y programas en materia de atención a los Adultos Mayores de la entidad, que tengan como finalidad la incorporación plena al desarrollo del Estado;

II.- Participar y asesorar al titular del Poder Ejecutivo del Estado en el diseño y programación de las políticas relacionadas con la atención a los adultos mayores en el Estado. Así como también a las dependencias y entidades de la administración pública estatal, municipal o del sector privado, cuando así lo requieren en la implementación de acciones tendientes a mejorar el nivel de vida de los adultos mayores;

III.- Promover el respeto de los derechos de los adultos mayores, la eliminación de toda forma de discriminación y la erradicación de toda forma de violencia hacia estos;

IV.- Promover el desarrollo humano integral de los adultos mayores, con la finalidad de proveerlos de mejores niveles de bienestar en el marco de un entorno incluyente; y

V.- Establecer los mecanismos necesarios para realizar una efectiva protección de los adultos mayores y el respeto a sus derechos.

A este punto siguió la aprobación del Acuerdo presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, resuelve que se ha actualizado la caducidad legislativa y en consecuencia deben desecharse las iniciativas contenidas en diversos folios.

Estos son: 2033-59, de la LIX Legislatura; 1977-60, 2024-60, 2033-Bis-60, 2037-60, 2061-60, 2098-Bis-60, 2253-60, 2474-60, 2518- 60, 2542-60 y 2559-60 de la LX Legislatura; 2642-61, 2755-61, 2769-61, 2937-61, 2938- 61, 3284-61, 3346-61 y 3553-61 de la LXI Legislatura. Asimismo se desechan los folios 1634-59 de la LIX Legislatura, y 391-60, 2249-60, 2250-60 y 2523-60 de la LX Legislatura, por haberse quedado sin materia, informó el diputado Eduardo Urbina Lucero.

A nombre de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRICP, el diputado Jesús Alonso Montes Piña presentó un proyecto de Decreto que adiciona un párrafo segundo al Artículo Segundo Transitorio de la Ley Estatal de Responsabilidades.

Artículo Segundo.- … Los municipios del Estado, cuya población sea menor a cien mil habitantes, tendrán hasta el día 01 de enero de 2020, para realizar las adecuaciones administrativas dentro de su normatividad y reglamentación, así como, para llevar a cabo la designación de los titulares de las Áreas encargadas de la Investigación y Sustanciación de las faltas administrativas a las que se refiere la presente Ley.

El siguiente punto del orden del día fue el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora, presentado por el diputado Luis Mario Rivera Aguilar.

Dentro del Decreto se incluye como giro la fábrica de cerveza artesanal, la cual se entenderá como: bebida fermentada, elaborada principalmente con malta de cebada, lúpulo, levadura y agua potable, sin productos transgénicos ni aditivos químicos que alteren su composición y desarrollo natural en su proceso de fermentación, cuyo contenido de alcohol a la temperatura de 15 grados centígrados sea mayor a dos por ciento por volumen, pero que no exceda de doce por ciento.

A nombre de la Comisión Anticorrupción, el diputado Rodolfo Lizárraga Arellano presentó al Pleno el Acuerdo que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del Artículo 18 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, y en atención a lo establecido en las bases de la convocatoria pública contenida en el Acuerdo número 127, del 26 de marzo de 2019, y la metodología aprobada el 22 de abril del presente, el Poder Legislativo resuelve quiénes deben integrar la Comisión de Selección del CPC del SEA.

Los ciudadanos Rosa Isela López Cuevas, Estefanía Argüelles Ramírez y Manuel Roberto Dyke García integrarán dicha comisión por el tiempo restante del plazo para el cual fueron designados los ciudadanos Álvaro Bracamonte Sierra, Guillermo Alejandro Noriega Esparza y Leticia Elizabeth Cuesta Madrigal, quienes en diferentes fechas renunciaron a dicha designación.

En el orden del día siguió la presentación del dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, con base a una iniciativa de la diputada Rosa María Mancha Ornelas, quien informó que, con las modificaciones de mérito, se procurará que toda el área poblacional que integre un Municipio tenga las mismas oportunidades de desarrollarse económicamente con obras de inversión pública, programas de desarrollo integral y participación de los ciudadanos.

ARTÍCULO 121.- Los programas especificarán los objetivos, prioridades y política que regirán el desempeño de las actividades del área de que se trate, las regiones que se consideren prioritarias o estratégicas o las prioridades del desarrollo integral y sustentable del Municipio, los cuales deberán observar los principios de proporcionalidad y equidad, en razón del número de población del municipio, que en todo caso deberán contener.

Posteriormente se aprobó el dictamen con proyecto de Decreto que autoriza al Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, Sonora, el refinanciamiento y/o la reestructura de la deuda bancaria de largo plazo y la afectación de participaciones federales como fuente de pago, presentado por la diputada Diana Platt Salazar, a nombre de la Primera Comisión de Hacienda.

“El Ayuntamiento de Hermosillo cuenta con suficiente capacidad presupuestal y financiera para solventar oportunamente las amortizaciones del empréstito señalado dentro del plazo establecido para ese efecto. Asimismo se puede observar que, en ningún momento durante la vigencia de la o las operaciones crediticias se supera el límite establecido para el Estado y los municipios, en relación con el porcentaje de los recursos que pueden ser destinados al servicio de la deuda”, establece en uno de los considerandos.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de Hermosillo, Sonora, a través del Ayuntamiento, representado por el Presidente, el Tesorero Municipal y el Secretario del Ayuntamiento, la contratación de financiamiento para llevar a cabo operaciones de refinanciamiento y/o reestructura de la deuda bancaria de largo plazo a cargo del Municipio hasta por un monto de $1,554’080,198.00 (un mil quinientos cincuenta y cuatro millones ochenta mil ciento noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), a través de uno o varios créditos, con la o las instituciones de crédito de nacionalidad mexicana que ofrezcan las mejores condiciones de mercado.

La diputada María Dolores Del Río Sánchez informó al Pleno que su voto sería en contra de la reestructura, por considerar que la deuda crecerá en el tiempo y eso significará que otras administraciones tendrán que hacer frente a las decisiones que tome el Poder Legislativo.

“Lo más fácil es reestructurar, hacerse de más deuda, pero no hay un plan de austeridad y ahorro de la administración, por lo tanto si esta Soberanía aprueba este dictamen, me parece que es más el resultado de un acuerdo político que de una responsabilidad financiera”, aseveró.

Por su parte el diputado Eduardo Urbina Lucero presentó dos reservas en lo particular, a efecto de poner candados para que los créditos solicitados no tengan salidas que ocasionen problemas con el tiempo e incluir las subastas en reversa. El dictamen se aprobó por mayoría como lo presentó la Primera Comisión de Hacienda.

En esta última sesión del segundo periodo ordinario, la diputada Rosa María Mancha Ornelas presentó un posicionamiento con relación al trabajo legislativo realizado por los integrantes de la LXII Legislatura a siete meses de haber asumido funciones.

También hizo uso de la voz el diputado Héctor Raúl Castelo Montaño para hablar sobre la estabilidad política del Congreso del Estado, en apoyo a la diputada Mancha Ornelas, pues consideró que el cambio en el orden del día de la sesión del pasado 25 de abril para la elección de la mesa directiva fue ilegal, lo cual les preocupa, aseguró.

Y con motivo del Día del Trabajo que se celebra mañana, el diputado Carlos Navarrete Aguirre presentó un posicionamiento en el que mencionó como derechos: jornadas laborales de ocho horas, indemnización por accidentes laborales, la eliminación del trabajo infantil y descanso dominical, entre otros.

En el siguiente punto del orden del día, la presidenta de la mesa directiva, María Dolores Del Río Sánchez, dio lectura al Decreto que clausura el segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional, para posteriormente entonar el Himno Nacional.

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