Exigen sancionar a funcionarios que impidan justicia en casos de feminicidio

Organizaciones enviarán propuestas a gobierno federal y de los estados

Foto: Sandra Segura
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/02/2019


Sancionar a los funcionarios que obstaculicen el acceso de las mujeres a la justicia y evaluar el impacto de las 18 Alertas de Violencia de Género (AVG) vigentes en 17 estados del país son dos peticiones que hoy hicieron 43 organizaciones integradas en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Luego de que el viernes 1 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que se la Secretaría de Gobernación está trabajando en un plan para atender el feminicidio, la coordinadora del OCNF destacó que “las autoridades en México han demostrado su negligencia, falta de voluntad política e incapacidad gubernamental para emprender acciones contundentes, imperando un clima de permisibilidad a la violencia feminicida en el territorio nacional”.

En conferencia de prensa, aseguró que las autoridades estatales invisibilizan y reducen el feminicidio al ámbito familiar, “dejando en la impunidad y no investigando los que se comenten en el ámbito comunitario, en donde muchos casos son cometidos por diversas estructuras criminales”.

En este sentido, expuso que de acuerdo con un análisis del OCNF en estados como Jalisco, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Chiapas, entre otros, 70 por ciento de los casos de feminicidio los cometen desconocidos que pertenecen a grupos delictivos encargados de reclutar a mujeres para explotación sexual o laboral.

Es por ello que las organizaciones que pertenecen a este Observatorio elaboraron una serie de propuestas para atender el feminicidio, las cuales serán entregadas a las autoridades estatales y al Gobierno federal.

Entre las recomendaciones está que el Gobierno federal actúe de manera urgente en los lugares en los que se han identificado patrones criminales y en los espacios públicos donde los cuerpos de las mujeres son encontrados.

Además, exigieron la generación de una estrategia integral de seguridad, vinculada y coordinada de manera efectiva a nivel municipal, regional, estatal y federal con el objetivo de prevenir los delitos contra las mujeres.

TRANSPARENTAR RECURSOS PARA IGUALDAD

Otras propuestas son fortalecer la figura y la autonomía de los Institutos o Secretarías de las Mujeres y transparentar los recursos que se les otorga.

El OCNF destacó que “las autoridades realizan prácticas de violencia institucional al negar los hechos y al desmantelar los Mecanismos de Adelanto para las Mujeres y los Centros de Justicia como es el caso de Oaxaca, las Comisiones de Víctimas, la Coordinación de Implementación de la AVG en Morelos, o los Institutos de las Mujeres, como sucedió con el Instituto Jalisciense de las Mujeres”.

El 30 de enero el Congreso de Jalisco aprobó en sesión extraordinaria el decreto del gobernador Enrique Alfaro para desaparecer el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Al respecto, la coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) Jalisco, María Guadalupe Ramos Ponce, denunció que este acto fue un retroceso para los derechos de las mujeres.

La defensora alertó que con la desaparición del mecanismo de adelanto para las jaliscienses y su presunta inclusión en la Secretaría de Igualdad Sustantiva del estado, disminuirán los recursos para la atención de la AVG porque de acuerdo con el Periódico Oficial del estado de Jalisco esta Secretaría recibirá un bajo presupuesto.

Agregó que esta decisión se da en un contexto de violencia porque en lo que va de este 2019 ya se registraron 26 homicidios dolosos en contra de mujeres en Jalisco, de los cuales cuatro fueron considerados feminicidio.

Ante esto, la directora de Consorcio para el Diálogo y la Equidad Oaxaca, Yésica Sánchez Maya, añadió la necesidad de que el Gobierno federal garantice transparencia en el presupuesto que se envía a los gobiernos estatales, esto con la finalidad de evitar desvíos o uso indebido de los recursos.

En Chihuahua, denunció Norma Ledezma Ortega, fundadora de la organización Justicia para Nuestras Hijas, casi 21 millones de pesos fueron destinados a comunicación social y solo 19 millones para atención de la AVG en el estado.

La defensora detalló que en Chihuahua la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género únicamente está presente en seis de los 67 municipios. Por ello, reafirmó la obligación de fortalecer a las instituciones encargadas de la procuración de justicia de las mujeres.

DEJAR DE INVISIBILIZAR

Ante la poca y vaga información que se tiene respecto a los casos de feminicidio, otras peticiones de las organizaciones del OCNF son la creación de Bancos Estatales de Datos de Violencia hacia las Mujeres, actualizados y desagregados que permitan realizar diagnósticos apegados a la realidad evitando subregistros y estadísticas no confiables.

También, se exige la creación de un Consejo ciudadano de familiares y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, que incluya a expertas en evaluación, que permita supervisar el funcionamiento de los mecanismos de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, tales como el Protocolo Alba.

Finalmente, se pidió la creación y fortalecimiento de las Unidades de Análisis y Contexto que dependan de las Fiscalías Generales de los Estados, como la recientemente creada en Veracruz, la cual tiene como objetivo investigar delitos de violencia contra las mujeres, niñas, niños y trata de personas.

Lo anterior con el fin de identificar cómo, dónde y por quién son asesinadas las mujeres. A partir de estas unidades, asegura el OCNF, se fortalecerán las investigaciones, se sancionará a los responsables y se evitará la propagación del feminicidio.

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