-La iniciativa plantea sanciones de hasta diez años de prisión y nuevas agravantes para proteger el patrimonio de las familias sonorenses.

Hermosillo, Sonora; 19 de febrero de 2026.- La diputada Ely Sallard Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 323 y adicionar el artículo 323 Bis al Código Penal del Estado de Sonora, con el propósito de fortalecer el marco sancionador del delito de despojo.

La propuesta establece penas de cinco a diez años de prisión y multa de 700 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quien ocupe un inmueble ajeno mediante violencia, engaño, amenazas, abuso de confianza o sin derecho, así como en los casos de despojo de aguas.

Asimismo, se plantea la incorporación del artículo 323 Bis, el cual contempla el incremento de la pena hasta en una mitad cuando el delito se cometa con violencia física o moral; mediante el rompimiento de cerraduras o forzamiento de accesos; en contra de ascendientes o descendientes; o cuando la víctima sea persona mayor de sesenta años, menor de edad, mujer embarazada, persona con discapacidad o integrante de un pueblo o comunidad indígena.

También se establecerá como agravante el uso de documentos falsos o la suplantación de identidad; la participación de una persona servidora pública o de personal notarial con acceso a información registral; la obtención de lucro mediante actos de dominio sobre el inmueble; la formalización del despojo a través de mecanismos alternativos; que el bien sea propiedad de un ente público; la intervención de dos o más personas; o la ejecución del delito en despoblado.

La legisladora señaló que esta reforma responde al crecimiento alarmante del delito de despojo en la entidad. De acuerdo con datos difundidos los casos pasaron de un promedio de 80 en 2020 a 363 en 2024, y únicamente el 4.3 por ciento ha obtenido sentencia.

Sallard Hernández destacó que la iniciativa se sustenta en un análisis comparado con las legislaciones de la Ciudad de México y el Estado de México, entidades con alta incidencia en este delito, a fin de armonizar y fortalecer el marco jurídico local.