Keiko Fujimori juró este martes 28 de julio como presidenta de Perú para el periodo 2026-2031, marcando el regreso del fujimorismo al poder después de 26 años y consolidando una nueva pieza dentro del giro hacia la derecha que experimenta América Latina. Durante su primer mensaje, la mandataria prometió combatir la inseguridad con una estrategia de «mano dura», inspirada en el modelo implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, además de impulsar el crecimiento económico y recuperar la estabilidad política del país.

La investidura de Fujimori ocurre en un contexto de creciente presencia de gobiernos conservadores y de derecha en la región, una tendencia que especialistas identifican como uno de los principales desafíos para la agenda de derechos humanos, particularmente para los derechos de las mujeres.

El regreso del fujimorismo

Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, llegó a la Presidencia tras cuatro intentos electorales y una elección sumamente cerrada. En su discurso de toma de posesión aseguró que buscará reconciliar al país, fortalecer la economía y enfrentar el crimen organizado mediante el despliegue de las Fuerzas Armadas en determinadas zonas y la construcción de una megacárcel inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.

Su triunfo representa también el retorno de un movimiento político que continúa generando una profunda polarización en Perú debido al legado del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), marcado por graves violaciones a los derechos humanos, esterilizaciones forzadas de miles de mujeres —principalmente indígenas y campesinas— y casos de corrupción.

Una derecha que gana espacio en América Latina

La llegada de Fujimori no es un hecho aislado. América Latina atraviesa una recomposición política caracterizada por el fortalecimiento de liderazgos conservadores, nacionalistas y de derecha.

Actualmente, gobiernos como los de Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Noboa en Ecuador y Santiago Peña en Paraguay forman parte de un mapa regional donde los discursos sobre seguridad, control migratorio, reducción del Estado y conservadurismo social han ganado respaldo ciudadano, impulsados por el descontento con la inseguridad, la inflación y la crisis económica.

Aunque estos gobiernos presentan diferencias entre sí, comparten narrativas que cuestionan políticas de igualdad de género, derechos sexuales y reproductivos.

Los riesgos para los derechos de las mujeres

Para organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, el avance de estos gobiernos implica un escenario de mayor incertidumbre para las mujeres.

Entre las principales preocupaciones destacan:

• Posibles restricciones al acceso al aborto y otros derechos sexuales y reproductivos.
• Debilitamiento o eliminación de políticas públicas con perspectiva de género.
• Reducción de presupuestos destinados a prevenir y atender la violencia contra las mujeres.
• Discursos que desacreditan los movimientos feministas y los califican como parte de una supuesta «ideología de género».
• Menor protección institucional para poblaciones históricamente discriminadas.

En Perú, el posible retorno del fujimorismo ya había sido advertido por organizaciones de derechos humanos debido al historial del régimen encabezado por Alberto Fujimori, particularmente por las esterilizaciones forzadas practicadas durante la década de los noventa, un caso que continúa siendo investigado como una grave violación a los derechos humanos.