-La iniciativa fortalece la supervisión de los permisos de servicios públicos municipales.
Hermosillo, Sonora; 14 de octubre de 2026.- Para fortalecer la transparencia y supervisar los compromisos municipales de largo plazo, el Congreso de Sonora aprobó una reforma a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, que establece que las concesiones de servicios públicos que trasciendan el periodo constitucional del ayuntamiento que las otorga requerirán autorización previa del Poder Legislativo.
La propuesta fue impulsada por legisladoras y legisladores de los partidos Morena, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Encuentro Solidario Sonora y Nueva Alianza Sonora, así como por la diputada Alejandra López Noriega.
Las diputadas María Eduwiges “Vicky” Espinoza Tapia y Amairany Peña Escalante estuvieron a cargo de la lectura de la propuesta, que busca asegurar que las concesiones de largo plazo cuenten con viabilidad financiera y respondan al interés público, mediante una revisión previa de los compromisos que puedan trascender el periodo de la administración municipal.
Con esta reforma, se mantiene la facultad de los ayuntamientos para otorgar concesiones que concluyan durante su administración. Sin embargo, cuando estos acuerdos se extiendan más allá de ese periodo, incluidas las prórrogas, será necesaria la autorización del Congreso del Estado.
Para solicitar la autorización, los ayuntamientos deberán presentar documentación que incluya un análisis de costo-beneficio, la proyección del impacto en la hacienda municipal durante toda la vigencia de la concesión, el programa de inversiones y la opinión de la Tesorería Municipal sobre su sostenibilidad financiera.
Las legisladoras explicaron que el Congreso del Estado deberá resolver las solicitudes en un plazo de 30 días hábiles, verificando la legalidad del procedimiento, la sostenibilidad financiera, la proporcionalidad entre el plazo y las inversiones, así como las garantías para la continuidad y calidad del servicio público.
Asimismo, la reforma establece que cualquier concesión otorgada sin la autorización del Congreso será inválida. En tanto, las que hayan sido formalizadas antes de que entre en vigor el decreto seguirán sujetas a las reglas que estaban vigentes cuando fueron aprobadas.
