Después de más de un mes sin nombrar a la titular de la Secretaría de las Mujeres, es imposible sostener que para el gobierno de la primera presidenta de México las mujeres y sus derechos son prioridad. No hay argumento válido que justifique el retraso.

La prioridad gubernamental del “llegamos todas” está en el mundial, en las elecciones 2027, en la defensa de los gobernadores acusados de crimen organizado, pero no en las ciudadanas, sus derechos y desigualdades, esto quedó atrapado en un eslogan político.

A esto se suma la mudez de las legisladoras que con disciplina partidaria guardan silencio, las gobernadoras que dirigen la mitad del territorio nacional y no dicen nada. Como diría la periodista Miroslava Breach: «el silencio las hace cómplices».

La ausencia del nombramiento de la titular de la Secretaria de las Mujeres, corrobora las críticas que han hecho parte del movimiento feminista mexicano: que hablar de mujeres, no es lo mismo que construir la política de Estado que coloque la vida de ellas en prioridad.

Llegamos al segundo año de gobierno de la presidenta con el eslogan desgastado del llegamos todas, con anuncios, con show pero sin transformar la vida de las mexicanas.

El actual gobierno federal carece de acciones reales que llevan a concretar promesa de campaña, por ejemplo, del Sistema Nacional de Cuidados, como lo advirtió la entonces secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, el año pasado: «el Sistema no se construirá en este sexenio».

Dijeron que pondrían el piso para sus cimientos y lo que hicieron fue enumerar lo que ya se tiene, las estancias infantiles, los programas sociales para madres trabajadoras, las becas etc., apoyos desarticulados que no hacen política pública encaminada a garantizar el derecho al cuidado de todas las personas.

Porque la asistencia social no es garantía de derechos. La asistencia, son los flotadores que impiden te ahogues ante la desigualdad.

Porque no basta con anuncios espectaculares, pues la vida de las mujeres no se salva con promulgación de leyes que no se aplican; la desigualdad entre mujeres y hombres no se cierra por decreto, por más que esté en la constitución, si no hay instituciones que desarrollen las políticas que cierren esas brechas y que vigilen su cumplimiento.

Porque la simulación mata, cobra vidas concretas de mujeres, pero también mata la confianza en las autoridades e instituciones.

Porque la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio que se presentó el 24 de marzo, sigue sin ser realidad y la institución que debe impulsar su proceso está acéfala.

Apenas el 6 de mayo se publicó en el diario oficial la reforma constitucional que faculta al congreso a legislar en la materia.

Pero tampoco les urge a las y los diputados sacarla adelante, ante las iniciativas de este periodo extraordinario que se encaminan a lo que sí les importan que es la permanencia en el poder.

Las desigualdades históricas que viven las mujeres pueden esperar, ésta ha sido una de las lecciones de vida que las feministas han aprendido a lo largo de siglos, porque los gobiernos del pasado como los actuales están dispuestas a sacrificar el avance de las mujeres.

Por más que pintes las paredes de morado y por más símbolos que usen, si las instituciones para el avance de las mujeres carecen de prioridad y respaldo político, son condenadas al fracaso.

Y eso es lo que está ocurriendo con la Secretaría de las Mujeres, que a poco más de un año de su creación sigue flotando sin timón y sin capitana que pueda llevarla a buen puerto en medio de los mares turbulentos que enfrenta el gobierno de la presidenta.

El que la institución responsable de la política de igualdad de las mujeres se encuentre a la deriva, significa que las ciudadanas pueden seguir ahogándose sin que nadie tenga claro cómo evitarlo y salvar a las que ya cayeron al mar y eso lo están documentando las mujeres con sus propias vidas y va a cobrar facturas.