A sus 15 años, Susana inició en La Coruña un proceso para cambiar su género de mujer a hombre. Un psiquiatra le diagnosticó disforia de género y la derivó a un psicólogo especialista que, tras apenas diez sesiones, le dio el visto bueno para comenzar a hormonarse.

Ahora, la joven denuncia que ninguno de los dos profesionales tuvo en cuenta los antecedentes en su familia de problemas mentales y otros tipos de trastornos. Cree que todo lo ocurrido fue consecuencia de un trastorno del espectro autista (TEA) y otras afecciones, como la depresión y el trastorno esquizoide que sufría y que no fueron diagnosticados en aquel momento.

Lo peor del caso es que se le realizaron operaciones que ahora ya son irreversibles. A los 18 años le practicaron una mastectomía (extirpación de los pechos) y a los 19 una histerectomía (extracción del útero y los ovarios).

A partir de esta última intervención, la joven entró en una depresión que, más tarde, entendió que se correspondía con un arrepentimiento de lo que había ocurrido.

Fue al leer testimonios de otros trans arrepentidos cuando se sintió identificada y se volvió a reconocer como una chica, dejando atrás su definición como hombre. Sin embargo, ya era demasiado tarde.

Ahora, Susana se identifica como mujer pero ha de tomar hormonas femeninas durante el resto de su vida, ya que su cuerpo ya no puede producirlas por su cuenta.

Las leyes de su país intervinieron

En Galicia, la ley de no discriminación por sexo no precisa de acompañamiento psicológico durante el proceso de transición, puesto que las personas tienen «plena potestad» para cambiar de sexo.

Esto se asemeja a lo que plantea la nueva ley trans a nivel estatal, aprobada la pasada semana en el Congreso de los Diputados, en la que no se permite a un profesional de salud mental que trate a una persona que tiene intención de cambiar de sexo.

Ahora, la ley de Irene Montero facilitará el trámite para volver a su nombre original, ya que en su DNI aún figura como Sebastián. A pesar de querer modificarlo, actualmente le requieren una justificación médica para realizar ese cambio.

Susana se ha convertido en la primera persona en España en denunciar a la sanidad pública, en este caso al Servicio Gallego de Salud, por haber recibido un diagnóstico equivocado de disforia de género y no haber sido acompañada por un psicólogo durante el proceso.

La joven reclama 300 mil euros al sistema público por esta presunta negligencia médica.