La resolución destraba una reforma pendiente desde 2022, indispensable para fortalecer el funcionamiento de las 26 Alertas de Género vigentes en el país.
Ciudad de México, 09 de julio de 2026.- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) obtuvo una resolución favorable del Poder Judicial que ordena a la Secretaría de las Mujeres y a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) reanudar los trabajos para actualizar el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), una obligación legal que permanece incumplida desde hace cuatro años.
La resolución deriva del amparo promovido por el OCNF contra la omisión del Gobierno Federal de expedir y publicar las reformas al Reglamento, indispensables para garantizar el funcionamiento efectivo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). El amparo fue promovido en contra de la Presidenta de la República, la SEGOB y la Secretaría de las Mujeres, como autoridades responsables de cumplir con esta actualización legal.
Aunque el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa negó inicialmente la suspensión provisional solicitada por el OCNF —medida con la que se buscaba que la Secretaría de las Mujeres y la SEGOB reanudaran de inmediato las mesas de trabajo para continuar la revisión y actualización del Reglamento, sin esperar a que concluyera el juicio— , el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito revocó la decisión del Juzgado y ordenó a las autoridades responsables a:
- Reanudar las labores de dictaminación, integración y consulta del proyecto de Reglamento.
- Emitir un calendario vinculante que contemple las etapas de validación técnica, revisión jurídica y envío del proyecto a la Consejería Jurídica del ejecutivo federal
La reforma a la Ley General, publicada el 29 de abril de 2022, estableció que el Reglamento debía actualizarse en un plazo máximo de 60 días. Sin embargo, pese a que ese mismo año organizaciones de la sociedad civil y personas expertas participaron en mesas de trabajo para construir el nuevo texto, el proceso quedó detenido y el país continúa operando con un Reglamento de 2013 que ya no corresponde al marco legal vigente.
Para el OCNF, esta omisión ha obstaculizado la implementación de las 26 Alertas de Violencia de Género vigentes en el país, al mantener procedimientos poco claros, generar discrecionalidad en la actuación de las autoridades y retrasar medidas urgentes para proteger la vida y la seguridad de mujeres, adolescentes y niñas.
La falta de un Reglamento actualizado ha generado incertidumbre sobre la operación de los Grupos Interinstitucionales y Multidisciplinarios (GIM), responsables del seguimiento de las Alertas de Género, provocando retrasos y la falta de continuidad en distintas entidades del país. Tan solo durante 2025, en Campeche, Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo y Zacatecas los GIM no realizaron una sola sesión, mientras que en otros estados las reuniones han sido insuficientes o los procedimientos permanecen estancados, impidiendo evaluar avances y dar seguimiento efectivo a las medidas de prevención, justicia, seguridad y reparación.
Los casos de Nuevo León, Puebla y Veracruz reflejan las consecuencias de esta falta de continuidad. En Nuevo León, aunque el GIM sesionó en cuatro ocasiones durante 2025, el dictamen más reciente continúa siendo el del primer semestre de 2021 y el informe con recomendaciones en materia de desaparición permanece sin avances. En Puebla, el procedimiento relacionado con la Alerta por desaparición se encuentra prácticamente detenido ya que la única sesión programada fue cancelada y, mientras el proceso sigue sin reactivarse, el gobierno estatal ha planteado la posibilidad de levantar la Alerta. En Veracruz, la administración del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez presentó un informe sobre el cumplimiento de las medidas, sin embargo, hasta ahora no se ha emitido ninguna resolución ni se han fortalecido las acciones, pese a que la entidad continúa enfrentando graves niveles de desapariciones y feminicidios.
Después de 18 años de existencia del mecanismo de Alerta de Violencia de Género, el Estado mexicano sigue sin contar con un Reglamento armonizado con la ley vigente, lo que ha obligado a organizaciones como el OCNF a recurrir constantemente a acciones legales para exigir su correcta implementación.
En ese contexto, el OCNF considera que la resolución del Tribunal Colegiado representa un paso importante para destrabar un proceso detenido desde 2022 y reafirma que el Estado mexicano debe garantizar que la Alerta de Violencia de Género funcione con reglas claras, procedimientos ágiles y plena coordinación institucional, colocando en el centro la protección de los derechos y la vida de las mujeres.
-oo-
Acerca del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
El OCNF es una red conformada por organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, colectivos y familiares de víctimas de violencia feminicida, que se constituye con el fin de contribuir en la disminución de la desigualdad, la discriminación y la violencia feminicida en México.
