Hermosillo, Sonora, 16 de noviembre de 2021.– Para que el estado mexicano garantice el derecho a una vivienda adecuada para todas y todos, la Diputada Ely Sallard presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado de Sonora para que este a su vez haga un exhorto ante el Congreso de la Unión y se realicen modificaciones a la ley en ese sentido. Se busca que la legislatura establezca los mecanismos y apoyos necesarios; asimismo, reforme la ley de vivienda para que sea armonizada con el mismo precepto constitucional.
“Hoy en día estamos a casi 39 años desde que se reconoció constitucionalmente la garantía al derecho a la vivienda digna y decorosa con su texto original; en ese sentido, las necesidades son muy cambiantes y evolutivas, la vivienda siendo un factor tan importante en el desarrollo personal, económico y en general en el desarrollo de la sociedad, es importante que los alcances en los preceptos jurídicos sean más amplios, y dejar de ver a la vivienda únicamente como un derecho que cumpla ciertas disposiciones, sino que sea un espacio integral de desarrollo, como lo es la vivienda adecuada” explicó la legisladora Sallard Hernández.
En el marco de la celebración “Noviembre mes de la vivienda”, tanto el Ejecutivo, ayuntamientos, así como con el poder legislativo, deben promover acciones en esta materia, en todos sus tipos y modalidades, con la participación de los sectores social y privado dedicados al desarrollo de la vivienda en el estado.
La Diputada Ely Sallard, enfatizó que actualmente nuestra constitución, al otorgarnos el derecho a la vivienda, es discriminatoria pues establece que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”, pero dispone que el titular del derecho a la vivienda es la familia, en ese sentido, deja a de lado a las personas solteras o sin hijos.
Por su parte, ONU-HABITAT estima que, al menos, 38.4 % de la población de México habita en una vivienda no adecuada; es decir, en condiciones de hacinamiento, o construida sin materiales duraderos, carece de servicios mejorados de agua o saneamiento, por lo que todas las autoridades y servidores públicos, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; por ello esta iniciativa pretende exhortar al Congreso de la Unión, para que realice las adecuaciones pertinentes y que el estado garantice el derecho a una vivienda adecuada para todas y todos, concluyó la legisladora.