A LOS 7O AÑOS DEL VOTO DE LA MUJER EN MÉXICO

Ciudad de México.- El 17 de octubre de hace 70 años se promulgaron las reformas constitucionales que permitieron a las mujeres gozar de una ciudadanía, lo que se convirtió en el primer paso para ejercer su derecho al voto.

Pese a que en México las mujeres habían participado activamente en el movimiento de Independencia y en el movimiento de Revolución, se les seguía relegando de decisiones importantes. Sin embargo, poco a poco se comenzaron a vislumbrar ideales que las motivaron a luchar por su derecho a la ciudadanía, libertad y justicia.

La lucha histórica

Corría el año de 1923, en ese momento en México se llevó a cabo el Primer Congreso de la Liga Panamericana de Mujeres, al que acudieron feministas de todo el país. Fue ahí cuando definieron la necesidad de enviar al Congreso de la Unión una petición para hacer efectiva una igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres.

El tema comenzó a debatirse, así en 1937 -durante el gobierno de Lázaro Cárdenas- se lanzó la iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para solicitar el sufragio femenino y la posibilidad de obtener cargos de elección popular.

Aunque la iniciativa fue aprobada por diputados y senadores, no se hizo la declaratoria de Reforma Constitucional, por lo que el tema quedó congelado.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recuerda que tras este proceso, el 6 de abril de 1952, “más de veinte mil mujeres se agruparon en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México, exigiendo al entonces candidato presidencial Adolfo Ruíz Cortines que hiciera cumplir su gran promesa de plasmar en la Constitución el derecho de las mexicanas a votar y ser electas”.

Tras sus exigencias, finalmente el 17 de octubre de 1953, Adolfo Ruíz Cortines -como presidente de México- publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto donde se anunció a las mujeres el derecho a votar y ser votadas.

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Las mujeres en la representación política

Como resultado de la primera jornada electoral en la que participaron mujeres, se eligieron a las primeras cuatro diputadas: Margarita García Flores, Marcelina Galindo Arce, Guadalupe Urzúa Flores y Remedios Ezeta Uribe.

Desde entonces hasta ahora, aún con los estereotipos patriarcales arraigados en la sociedad, las mexicanas han buscado el efectivo ejercicio de sus derechos.

Tanto así que en el año 2019 se aprobaron reformas a la Constitución Política para incorporar Paridad en todo: 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres en la toma de decisiones de los tres órdenes de gobierno, “en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena”.

Sin embargo, estos avances no sólo deben estar sentados en documentos, pues es necesario erradicar la discriminación y violencia en estos espacios, conciliar la vida laboral y familiar, además de garantizar un sistema de cuidados que de a las mujeres las libertades para acceder a oportunidades.

Los derechos para vivir libres de violencia y al aborto

Antes de que se hiciera efectivo el derecho de las mujeres a votar, fueron ellas quienes se organizaron para exigir el reconocimiento de sus garantías. Así los años pasaron, mostrando que las mujeres han obtenido sus derechos gracias a la creación de redes y resistencias.

Un claro ejemplo es el constante clamor para acceder a una vida libre de violencia, mismo que en el año 2007 vio resultados al concretarse en una ley que contiene disposiciones y condiciones legales para brindar seguridad a todas las mujeres del país.

Se trata de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada el 1 de febrero de 2007, que “ tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme los principios de igualdad y de no discriminación”.

Aunque nuevamente pasar del papel a la realidad es un reto y constituye un camino plagado de impunidad, deficiencias y omisiones, fueron las mujeres organizadas quienes han construido el camino para las generaciones futuras.

Otro derecho que han labrado las mujeres es el de acceder a la interrupción del embarazo de una manera legal, segura y gratuita. Recordemos que actualmente son 10 las entidades donde el aborto no se sanciona en los Códigos Penales: Ciudad de México, Baja California Sur, Guerrero, Sinaloa, Colima, Baja California, Coahuila, Veracruz, Hidalgo y Oaxaca.

Sumado a lo anterior se logró que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2021 se declarara inconstitucional la criminalización total del aborto, es decir, aún en los estados donde el delito se sigue sancionando en los códigos penales NINGUNA MUJER puede ir a la cárcel por interrumpir un embarazo.

“Las razones de la Corte obligan a todas y todos los jueces de México; tanto federales como locales. A partir de ahora, al resolver casos futuros, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación, o las normas que sólo prevean la posibilidad de abortar como excusas absolutorias, pues en esos supuestos la conducta se cataloga como un delito, aunque no se imponga una sanción”.

 

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La Ley Olimpia -un conjunto de reformas que reconocen y sancionan la violencia digital– y la Ley Ingrid -que protege la intimidad y dignidad de las víctimas y sus familiares- también son avances que construyeron las mujeres para protegerse de la violencia ante un sistema y una sociedad que las agrede, vulnera sus derechos y limita sus libertades.

Los logros impulsados por ellas son varios, aunque la responsabilidad del Estado ha quedado en entredicho por diversas decisiones que van en detrimento de los derechos. Estas fallas no borran la lucha de ellas y el camino labrado para alcanzar la igualdad de género, aún cuando el Foro Económico Mundial remarcó que esto podría tardar más de 135 años.